A amnistía a represores, inconstitucional no Uruguai

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pilarmabel
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A amnistía a represores, inconstitucional no Uruguai

Mensagempor pilarmabel » terça, 20 out 2009, 09:12

Lei de Caducidade
A amnistía a represores, inconstitucional no Uruguai
A Corte Suprema de Uruguai declarou este luns como inconstitucional a Lei de Caducidade que impedía xulgar os militares acusados de violar os dereitos humanos durante a ditadura cívico militar que rexeu o país sudamericano entre 1973 e 1985.
A decisión da máxima instancia xudicial uruguaia prodúcese apenas seis días antes do referendo no que a cidadanía decidirá, en coincidencia coas eleccións presidenciais, a anulación ou non de devandita norma.
O referendo contra a lei, que foi convocado despois de que os seus detractores reunisen 300.000 firmas para solicitar a súa anulación, conta co apoio inequívoco do partido no poder, a Fronte Ampla, mentres que os grupos políticos opositores móstranse a favor de manter a norma tal e como está.
Segundo as últimas enquisas, a anulación da lei ten o apoio do 48 por cento dos uruguaios, mentres que o 34 por cento está a favor de mantela e o 18 por cento restante declárase indeciso.
Catro dos cinco xuíces da Corte Suprema votaron a favor da inconstitucionalidade da lei, para permitir o xuízo pola morte da nova profesora Nibia Sabalsagaray, quen faleceu en 1974 nun cuartel militar a mans da forza represiva da ditadura.
Non pode ser entendida como lei de amnistía
Os maxistrados xustificaron a medida ao argumentar que a norma viola a separación de poderes e que non pode ser entendida como unha lei de amnistía, pois non foi aprobada segundo o regulado pola Constitución para ese tipo de instrumento legal.
Esta decisión foi adoptada en horas da tarde deste luns e era esperada por todos os implicados, despois de que tanto o Poder Executivo uruguaio como o Lexislativo expresasen a súa opinión contraria á Lei de Caducidade.
O pasado mes de febreiro, as dúas cámaras do Parlamento uruguaio entregaron á Suprema Corte de Xustiza o seu ditame a favor de declarar inconstitucional esa norma, aprobada en 1986 e ratificada en 1989 noutro referendo. O presidente Tabaré Vázquez, primeiro mandatario de esquerda da historia do país, excluíra o caso de Sabalsagaray da Lei de Caducidade e permitira a súa investigación.
A decisión do Executivo habilitou a serie de mecanismos xurídicos necesarios para lograr a inconstitucionalidade da norma, que aínda que só se poderá aplicar para investigar o caso da moza militante comunista asasinada, sanciona xurisprudencia que podería empregarse en novas
Fuente:http://www.anosaterra.org
Un saludo
Pilar

pilarmabel
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A amnistía a represores, inconstitucional no Uruguai

Mensagempor pilarmabel » terça, 20 out 2009, 09:21

Por la Nulidad de la Ley de Caducidad
La Ley 15848, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1) es la ley que impide que los militares que cometieron crímenes contra la sociedad puedan ser juzgados.
Por el modo en que fue sancionada, por su contenido, por la forma en que fue aplicada durante los cuatro gobiernos anteriores y por sus resultados sobre nuestra sociedad, la Ley de Caducidad es una de las causas para que el capítulo de las violaciones a los Derechos Humanos, perpetradas por la dictadura, continúe abierto e incorporado a la agenda política contemporánea.
Han pasado más de 20 años desde su promulgación y ha sido recién a partir del Informe final de la Comisión para la Paz en el año 2003, que el Estado comienza a asumir su responsabilidad acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. En el actual gobierno del Frente Amplio y gracias a que éste realiza una aplicación distinta de la ley, se han dado algunos avances en el conocimiento de los crímenes de la dictadura, como son el hallazgo de restos de ciudadanos desaparecidos, el procesamiento de algunos militares y policías y la investigación sobre detenidos desaparecidos. Estos avances sobre la verdad de lo ocurrido han contribuido a impulsar una campaña de firmas que busca anular esta ley mediante un plebiscito. Los uruguayos nos estamos dando así un espacio para la reflexión y una oportunidad más para solucionar cuestiones pendientes y mal resueltas desde el retorno a la democracia.
Sin detenerse sobre los aspectos jurídicos (2) que fundamentan la anulación de la ley, es necesario apenas mencionar que, por haber sido aprobada bajo presión militar, viola el principio de separación de poderes e impide la actuación de la Justicia sobre “crímenes de lesa humanidad” (3), esta ley es además violatoria de preceptos constitucionales fundamentales y contraviene principios del Derecho Internacional.
La gestación
En primer lugar, tanto el proceso de su trámite parlamentario en 1986 como el referéndum que se realizó en 1989, estuvieron enrarecidos por amenazas de quiebre institucional, ampliamente reconocidas por los actores de todos los partidos políticos. Es ilustrativo el debate parlamentario que se hizo a contra-reloj, el día de su aprobación en el Senado, horas antes que venciera el plazo para que militares citados por la Justicia concurrieran a los juzgados. En dicha ocasión el Senador Aguirre, uno de los redactores de la ley, manifestaba:
“No es un mero desacato a la convocatoria de un juez; no es una simple desobediencia; no se trata de decir, no le hago caso al juez, y lo ignoro. Es el poder civil en su conjunto, son todas las instituciones las que van a ser desacatadas (…); van a ser desacatadas por el poder militar, por la institución castrense en su conjunto. Por consiguiente, no nos encontramos frente a un delito que figura en el artículo 173 del Código Penal, sino a una situación de crisis institucional. Eso es lo que debemos ver. [...] En los meses previos, he oído infinidad de veces plantear el problema como una opción entre justicia e impunidad; desde ese punto de vista, el asunto es entre impunidad e impunidad o, mejor dicho, entre no castigo y no castigo. ¿Por qué digo esto? Porque no habrá justicia Porque quienes tienen la fuerza, son depositarios de esos 65.000 fusiles de los cuales se hablaba aquí, hágase lo que se haga, se tome la medida que se tome, se legisle o no, procedan como procedan el señor Presidente de la República y los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, los militares implicados no van a concurrir.” (4)
En la misma sesión del Senado se da cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraban las instituciones en ese momento, al haberse producido el desacato institucional del Comandante en Jefe del Ejército. El mismo Senador Aguirre abundaba en ello:
“(…) según la información que tengo en mi poder y que hace un rato me confirmó el señor senador Cigliuti, (…) es que la situación no es que los militares tengan la citación en el bolsillo, que no van a presentarse ante el juez y va a ser necesario reiterarla, sino que no se les dio traslado de la misma. La realidad es que las cinco citaciones están guardadas en la caja fuerte del Comandante en Jefe del Ejército, que el día lunes va a hacer pública esa situación, de modo que el desacato no es para febrero.” (5)
Esta situación se reiteró también en ocasión del referéndum de 1989 en la cual además de atentados a locales políticos y amenazas de quiebre institucional, los canales de televisión unilateralmente no difundieron la propaganda de la Comisión Nacional Pro Referéndum que buscaba derogar dicha norma. Pese a todo esto, el 41,3% de la población se manifestó en contra de la misma. Cabe consignar que en aquel referéndum, la población no se manifestaba a favor de la ley sino a favor o en contra de su derogación y más precisamente -dadas las condiciones en las que se realizó el referéndum- de la conveniencia de su derogación para la estabilidad democrática.
La Ley de Caducidad no solo buscó evitar el castigo a los violadores a los Derechos Humanos sino que también se ocupó de impedir que se avanzara en el conocimiento de los hechos. Quizá, esta es una de las principales causas por la que veinte años después el tema continúe en agenda.
Su contenido y su aplicación
El artículo 1º de esta ley establece que “ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto” lo cual en la realidad implicó que hasta 2006, ningún implicado en delitos de lesa humanidad hubiese sido juzgado.
El artículo 3º consagra el sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, el que decidirá si el caso está amparado o no en el artículo 1º.
El artículo 4º es complementario del anterior pues traslada al Poder Ejecutivo la facultad de investigar las denuncias presentadas determinando que éste debe informar el resultado de las investigaciones. En su aplicación, por una parte los gobiernos anteriores resolvieron la inclusión de todos los casos denunciados en la Ley de Caducidad por estar comprendidos en el artículo 1º, y por otra parte, informaban que las investigaciones no habían arrojado ningún resultado que permitiera confirmar o desmentir la denuncia.
De esta forma, desde la salida a la democracia y hasta el año 2003 (a partir de la creación de la Comisión para la Paz), la sociedad uruguaya avanzó muy poco en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la dictadura y -hasta el año 2005- nada en la obtención de justicia. En todo el período anterior, se impidió que la Justicia actuara con independencia, lesionando así principios democráticos fundamentales.
Los efectos de la anulación de la Ley de Caducidad en el Uruguay democrático
Anular la Ley de Caducidad sería un logro muy importante. De todas formas, cada avance realizado hasta entonces, es un paso en la construcción de la memoria colectiva sometida durante más de 20 años a una política del olvido.
La anulación de la ley tiene varios efectos fundamentales sobre nuestra democracia.
Le devuelve al Poder Judicial su independencia, restaurando sus facultades constitucionales y terminando con la subordinación de éste al Poder Ejecutivo establecida a través de esta ley.
La investigación sobre los crímenes del pasado contribuirá a la recuperación de la historia reciente así como a la construcción de esa memoria.
Implica un paso simbólico fundamental que crea condiciones para la construcción de un nuevo relacionamiento entre las instituciones militares, policiales y la sociedad toda.
Implica la no legitimación de los crímenes perpetrados y de la impunidad que se le otorgó a los responsables.
Por una ética de la memoria: más justicia, más democracia
La construcción de valores democráticos es una responsabilidad permanente de todos y todas. Cualquier injusticia que haya sucedido o esté sucediendo en la sociedad interpela nuestros valores. La impunidad es una injusticia permanente que en la medida que se afianza en la moral colectiva coadyuva a vaciar de sentido no solo a la democracia como sistema político, sino al respeto a las formas de convivencia tolerantes y pacíficas.
Mirar para otro lado sobre lo que nos pasó, sobre lo que otros uruguayos vivieron, es desentenderse del presente fomentando la cultura del individualismo. Es afirmar que lo único que nos importa es nuestra propia seguridad devaluando así la solidaridad y el respeto a los derechos humanos como principios rectores de nuestras acciones, de nuestra propia ética. Pero los valores que promueve la Ley de Caducidad y muchos de los argumentos en contra de su anulación se sustentan en esa perspectiva de considerar que la sociedad debe mirar para el costado y no ocuparse de pensar y discutir los principios que se transmiten a las generaciones presentes y futuras sobre el tipo de sociedad en el que queremos vivir, sus reglas de juego y sus valores.
Durante muchos años los sectores de la sociedad que han buscado avanzar en la verdad y la justicia han sido estigmatizados, acusándolos de revisionistas y revanchistas. Esta estigmatización subvierte valores esenciales al devaluar el sentido de la justicia y de la verdad como valores colectivos y generando una suerte de violencia simbólica al descalificar a ciudadanos, sectores políticos y organizaciones sociales que procuran afirmar esos valores democráticos.
Estas narraciones estigmatizantes y trivializadoras también explican la historia reciente como un enfrentamiento entre dos bandos al que la mayoría de la sociedad estuvo ajena; plantean una visión dilemática de los hechos, entendiendo el golpe de Estado y la represión como resultado de un enfrentamiento entre militares y guerrilleros. De esta forma, se ignora el proceso cruel que se organizó desde el Estado contra toda forma de oposición al régimen dictatorial y especialmente hacia algunos sectores particulares de la sociedad.
No se debe ignorar que la dictadura se asentó sobre su capacidad de generar miedo y terror en toda la sociedad, induciendo a que ésta mirara para el costado. La tortura, la prisión prolongada, la desaparición y el exilio fueron sus manifestaciones más crueles.
La impunidad no es una ventaja o una victoria de quien escapa a la acción de la Justicia sino una pérdida para toda la sociedad. De ahí que la anulación de la Ley de Caducidad, mas allá de los efectos reales que puede tener sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos, cumple el papel de restituirle a la sociedad un principio elemental de igualdad y respeto a la dignidad del ser humano. Es el sentido que tiene la verdad, como patrimonio cultural, y la justicia como principio regulador.
Fuente: Seré, Gabriel - Informe SERPAJ, 2009. http://www.nulidadleycaducidad.org.uy

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Mensagempor rubi » quarta, 21 out 2009, 12:07

La justicia uruguaya declara inconstitucional la amnistía a la represión militar.
La Corte Suprema de Uruguay ha declarado inconstitucional la conocida como Ley de Caducidad, la norma que libró de ser juzgados a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La decisión de los jueces, conocida a seis días de un referéndum convocado para anular la ley, se suma ahora a la postura ya defendida por el Legislativo y el Ejecutivo uruguayo.
Montevideo sale a la calle para pedir el fin de la amnistía a la represión militar.
Martes, 20 de Octubre de 2009
Decenas de miles de personas han recorrido este martes el centro de Montevideo para pedir la anulación de la Ley de Caducidad, la norma que libró de ser juzgados a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La manifestación, celebrada en el último día de campaña del referendo del próximo domingo acerca de anulación o no de dicha ley, ha teñido las calles de color rosa, el mismo que tendrá la papeleta por el sí en la consulta popular.
Fuente: www.elpais.com.uy

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A amnistía a represores, inconstitucional no Uruguai

Mensagempor pilarmabel » segunda, 26 out 2009, 13:58

El SI a la anulacion de la LEY DE CADUCIDAD , nos quedo en el camino.
Se necesitaba obtener mas del 50% de los votos emitidos, pero los uruguayos perdieron la memoria, hicieron oidos sordos a todo lo vivido en tiempos de dictadura.
Creo que este resultado quedará en la conciencia de cada uno,sin importar las banderas politicas, porque la lucha por la verdad y la justicia no termina ni se acabo ayer.
Pilar

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Mensagempor rubi » segunda, 26 out 2009, 17:04

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURAEn un plebiscito, Uruguay decidió que la ley de amnistía siga vigente
Es una norma de 1986. Un referéndum similar tampoco pudo eliminarla en 1989.
La algarabía de los impulsores de la derogación de la Ley de Caducidad ante los primeros datos arrojados por las encuestas a boca de urna que indicaban que la papeleta rosada por el Sí obtendría más del 50% de los votos, se transformó en decepción cuando comenzaron a avanzar los conteos de los votos que mostraron que este plebiscito no sería aprobado. Al cierre de esta edición, los votos a favor la anulación rondaban el 48%.
La ley 15.848 de amnistía -más conocida como la Ley de Caducidad de la pretención punitiva del Estado- fue aprobada en Uruguay en 1986 y tres años después, en 1989, fue sometida a referéndum y confirmada por la mayoría de la ciudadanía. Varias voces, en general provenientes de la izquierda, señalan desde hace tiempo que ese referéndum se realizó entre amenazas de desacato militar y de ruptura institucional, por lo que mucha gente, por temor, votó por no derogarla, y así evitó a que se juzgara a militares y a algunos policías autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre 1973 y 1985.
Sin embargo, a poco más de un año de asumir el gobierno, el actual presidente Tabaré Vázquez, amparándose en potestades que tiene el Poder Ejecutivo, anunció que los mandos militares que actuaron en la dictadura no iban a estar más amparados por la Ley de Caducidad, así como otros que participaron de otros vergonzantes crímenes, como el de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, que fue cobardemente asesinada luego de dar a luz.
A raíz de esto, hoy varios jerarcas cívico-militares, como Juan María Bordaberry, quien abriera a los militares las puertas del gobierno, y Gregorio Alvarez, el último dictador antes de la reapertura democrática, están privados de su libertad.
Sin embargo, hace un par de años se formó la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, conformada por el PIT-CNT (Central gremial uruguaya) y otras organizaciones sociales que trabajaron con gran denuedo para juntar más de 300 mil firmas (se precisaban 257 mil, el 10% del padrón electoral) que entregaron a la Asamblea General para poder habilitar esta consulta, que finalmente no tuvo eco en la población.
Para muchos fue una sorpresa este resultado, teniendo en cuenta que las principales consultaras preveían una victoria del SI a la derogación y que además, hace una semana, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley para el caso del asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Los magistrados, por mayoría, entendieron que la normativa viola la separación de poderes y vulnera tratados internacionales.
Hasta el final, la Coordinadora siguió trabajando para impulsar a la ciudadanía para ensobrar la papeleta rosada que habilitaba la reforma. El pasado martes, realizó la última convocatoria con la siguiente consigna: \"El último 20 con ley de impunidad\", en referencia a todos los 20 de mayo en los que desde 1994 se realiza una marcha para recordar a los detenidos desaparecidos que hubo en Uruguay, fecha no elegida al azar sino que recordaba ese día de 1976, en el que en Buenos Aires aparecieron los cuerpos sin vida de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz asesinados en el marco del Plan Cóndor.
Pocos minutos después de las 10 de la noche Danilo Astori, candidato a vicepresidente por la coalición gobernante Frente Amplio,dijo en una conferencia de prensa. \"Tenemos que aceptar con serenidad la decisión de la sociedad. Cuando se toma una decisión que no coincide con la voluntad que hubiéramos querido tiene que quedar la tranquilidad de que fue un pronunciamiento democrático en un marco de fiesta cívica\".
Fuente: www.clarin.com
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No sirven de consuelo las palabras pronunciadas por el candidato a vicepresidente por el Frente Amplio, Danilo Astori.
Como dice Pilarmabel, la lucha por la verdad y la justicia no debe abandonarse nunca. Si esta vez no pudo ser, hay que seguir insistiendo hasta lograr que los asesinos y represores cumplan la condena que se merecen.
Rubí
Buenos Aires-Argentina


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